Un cuento chino de terror

Un grupo de inmigrantes chinos fueron estafados por un juez que les otorgó la ciudadanía argentina de manera irregular y luego se las quitaron las autoridades. El magistrado alegó que “lo engañó” su secretaria judicial -recibió un pena de 3 años de prisión- y no fue condenado. Hoy los damnificados son apátridas con el riesgo de ser encarceladas o deportadas. Diario Judicial dialogó en exclusiva con la abogada del caso.

El 26 de octubre de 2006, un inmigrante chino que ingresó al país en 2002 obtuvo su carta de ciudadanía argentina otorgada y firmada por el juez Bustos Fierro del Juzgado Federal 1 de Córdoba. A pesar que el hombre cumplía con todos los requisitos para obtener la nacionalidad, como no contar con antecedentes penales, su permiso fue revocado tiempo después, ya que fue otorgado de manera irregular.

De ese hecho se desprende la causa caratulada “BORNEO SANTILLAN, Olga Liliana s/ Falsedad Ideologica“, donde se condenó a la secretaria del juzgado a la pena de tres años de prisión en suspenso por haber cometido los delitos de “supresión de documento público” (tres hechos), falsificación de documento público (41 hechos) y partícipe necesaria de falsedad ideológica (385 hechos), todos en concurso real. Por su parte, el juez que firmó los permisos no fue condenado porque se consideró que actuó “engañado”.

Diario Judicial dialogó en exclusiva con Deborah Huczek, abogada de uno de los damnificados y explicó que “más de 385 cartas de ciudadanía se anularon porque el juez adujo haber sido engañado por su secretaria, quien no dio traslado de los expedientes al Fiscal para que controlara el cumplimiento de los requisitos”.
La especialista en Derecho Penal y Migratorio resaltó que, a raíz de ese hecho, su cliente obtuvo sanciones porque su carta de ciudadanía fue anulada y, actualmente, es una persona apátrida porque al momento de obtener la nacionalidad argentina renunció a la China y corre el riesgo de ser deportado o encarcelado.

Debido a esa situación, la justicia le quiere sacar el DNI argentino, su única identificación actualmente, y fue detenido por parte de Migraciones cuando fue a consultar al organismo como solucionar su grave situación. Tuvo que pagar una fianza de $100.000 para acceder a la libertad.

Huczek relató que su cliente “no puede transitar libremente, no puede salir del país, en definitiva no es nadie, porque se lo ha privado de todos sus derechos mas esenciales. Corre el riesgo de ser retenido y expulsado en cualquier momento, siendo que tiene toda su vida en Argentina”.

Las recomendaciones internacionales en materia de apátridas establecen que los jueces deben mantener la ciudadanía argentina cuando, como en este caso, el requirente cumple con los requisitos para acceder de todas formas, ya que la ciudadanía es un derecho (Art. 20 CN).

La letrada también destacó que en la actualidad muchos inmigrantes, como Paraguayos, Peruanos e Italianos, sufren este tipo de estafas en el país.

 

Fuente: www.centromandela.com