Para definir lo que está pasando en la tramitación de los asuntos de su cliente, la especialista en derechos migratorios remata: “No saben qué hacer para solucionar esto”.
Wei vive y tiene un supermercado en la Capital Federal. A través de un semanario chino se enteró de una “tramitadora” que otorgaba la ciudadanía en el juzgado de Córdoba. Hasta aquí vino, inició el trámite en sede judicial, pagó, aguardó cerca de un año y juró ante el juez.
Cuando 10 años después se enteró de que lo detenían por el uso del DNI, contrató a la abogada porteña Debora Huczek, que tramitó una fianza de 100 mil pesos para que recupere la libertad.
Desde que comprobó que fue estafado, es ayudado por la letrada por una causa que se le abrió en el Juzgado Contencioso Administrativo 9, donde trata de evitar la expulsion y de conservar la ciudadanía, además de ser asistido en una causa penal por uso del DNI.
Huczek señala que la mujer que estafó a su cliente y le falsificó la firma a un juez federal cometió un delito cuya escala penal oscila entre 3 y 8 años de prisión y que con 400 casos, en concurso real, los máximos se suman.
A lo largo de 10 años, Wei ejerció sus derechos de ciudadano argentino: votó, compró un inmueble, adquirió un vehículo, pagó impuestos y ejerció otros derechos y obligaciones propios de un connacional.
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Una sentencia queno tuvo en cuenta a los 400 damnificados
La abogada es crítica por el desempeño del Tribunal Federal Oral 1, que en su sentencia no tuvo en cuenta a las víctimas y anuló las cartas de ciudadanía. Pero, además, se queja porque no están trabajando para solucionar la situación de los defraudados.
Asegura que desde Capital Federal libran oficios a ese tribunal de juicio y no responden. “No calcularon el daño que están haciendo, cortaron el hilo por lo más delgado”, sostiene.
Para definir lo que está pasando en la tramitación de los asuntos de su cliente, la especialista en derechos migratorios remata: “No saben qué hacer para solucionar esto”.
Fuente: www.lavoz.com.ar
