La inmigración en contexto de guerra y su valor como recurso para el país

Desde que se desató la guerra leemos a diario sobre la cantidad de ciudadanos ucranianos que deben escapar de sus ciudades en busca de lugares más seguros. El debate sobre el rol del resto del mundo, en respaldo al más débil, está abierto. A tal punto que, en un comienzo, se le reclamó a la Argentina tener una definición más contundente sobre su postura en contra de la guerra y el pedido de que Rusia dejara de atacar.

Lo cierto es que recientemente la Argentina decidió otorgar visado temporal por razones humanitarias a favor de los ucranianos que deseen venir al país. En ese sentido, los ucranianos interesados en ingresar al país pueden hacerlo como refugiados por “encuadrar su situación en el estado de vulnerabilidad” y “encontrándose reunidas asimismo las razones humanitarias requeridas”.

Una vez cumplido el lapso de tres años, los interesados podrán solicitar ser residentes definitivos de la Argentina, quedando exentos del “pago de tasas migratorias”.

En la Argentina, la Conare, creada por la ley 26.165, tiene la misión no solo de decidir la concesión del estatuto de refugiado a una persona, sino también tiene la responsabilidad de proteger los derechos de los refugiados y contribuir en la búsqueda de opciones para su integración local y asistencia.

Es decir que el país receptor, en este caso la Argentina, debe por un lado abrir las puertas a estas personas que dejaron su país de manera forzada y por el otro debe generar mecanismos de inserción social, relocalización de los desplazados y darle la asistencia económica y de otra índole durante los primeros tiempos, a efectos de lograr cierta estabilidad que les permita luego desenvolverse independientemente.

Si bien los ciudadanos de Ucrania no necesitan visa para ingresar a la Argentina, debido a la extrema situación que están atravesando, es difícil que puedan sortear los gastos que implican pasaje y estadía. Es por ello que es muy importante la decisión tomada por el gobierno nacional de admitirlos en su calidad de refugiados, a los efectos de brindarles una vía rápida de ingreso y la asistencia necesaria para sobrevivir mientras se adaptan.

¿Cómo aprovechar la inmigración?

Más allá de esta situación coyuntural, la Argentina es uno de los países que más inmigrantes ha recibido a nivel mundial, incluso desde antes de ser proclamada como nación independiente. A partir de 1860 la inmigración europea (Italia, España, Polonia, Alemania, Ucrania) tuvo un rol protagónico en la conformación de la sociedad. Y en pleno siglo XX fueron los países vecinos, como Paraguay, Bolivia y Perú, los que completaron pesa mixtura, sumados luego los provenientes de Oriente, como Japón, China y Corea. Desde 2010 en adelante, los ciudadanos venezolanos encontraron una salida propicia y llegaron grandes contingentes a nuestro país.

Lo cierto es que, más allá de las distancias y complejidades de acceso que nos separan de Ucrania (en ese sentido, las primeras opciones son siempre los países vecinos), y del rol humanitario de recibir a quienes no tienen dónde vivir, la inmigración es un recurso muy valioso, mucho más para países como el nuestro, de escasa población.

En este sentido, como todo recurso se lo debe saber administrar. Es por ello que en primer lugar cuando estos refugiados ingresan además de darles asistencia, debería indagarse acerca de sus condiciones personales (estudios, experiencia laboral, fuente de ingresos, empresas, etc.) para luego relocalizarlos en sectores productivos que se adapten a esas condiciones. Incluso en zonas geográficas donde esa capacidad de trabajo o de servicio se requiera.

Al extranjero hay que guiarlo en este aspecto y facilitar que se inserte en zonas donde lo que tiene por ofrecer escasee. En ese punto, el rol de la Argentina como receptor de ciudadanos ucranianos tiene un doble valor: primero, dar cobijo a quienes más lo necesitan; pero, a la vez, darle la oportunidad de que crezcan en nuestro país y colaboren, como ocurrió anteriormente con otras comunidades, en favor del progreso económico y social de nuestro país.

Fuente: La Nación