Tras una larga batalla judicial, lograron recuperar sus documentos argentinos.
Wei Jiahe y Yu NaiFeng forman parte del grupo de al menos 200 inmigrantes chinos que fueron estafados por una empleada judicial cordobesa cuando tramitaron su ciudadanía argentina y que durante mucho tiempo estuvieron sin nacionalidad. Es decir, apátridas, a la deriva y sin los derechos que goza cualquier ciudadano.
La culpable del drama fue Olga Liliana Borneo Santillán, empleada de la Secretaría Electoral del juzgado 1 de la ciudad de Córdoba, a cargo del juez Víctor Bustos Fierro, quien fue condenada a tres años de prisión en suspenso y a pagar una multa de 70 pesos después de que se comprobara que falsificó firmas en las cientos de cartas de ciudadanía que tramitó, incluidas la de Wei y Yu. La mujer fue hallada culpable de los delitos de supresión de documento público, falsificación de documento público y partícipe necesaria de falsedad ideológica.
Ambos hombres de origen chino -que hoy tienen entre 50 y 55 años- juraron como ciudadanos argentinos en el 2006. Sin embargo, más de una década después, en noviembre de 2017, recibieron una notificación del Ministerio del Interior en la que les avisaban que la carta había sido anulada después de descubrirse el fraude de Borneo Santillán. El problema es que para firmar como argentinos, Wei y Yu (propietarios de supermercados, lavaderos de ropa y tiendas de regalos) tuvieron que renunciar a su ciudadanía china porque aquel país prohíbe la doble nacionalidad.
Wei Jia y Yu Nai Feng forman parte del grupo de al menos 200 inmigrantes chinos que fueron estafados por una empleada judicial cordobesa cuando tramitaron su ciudadanía argentina y que durante mucho tiempo estuvieron sin nacionalidad. Es decir, apátridas, a la deriva y sin los derechos que goza cualquier ciudadano.
Con la decisión de la Justicia, además de ya no ser ciudadanos argentinos, les sacaron el DNI y el pasaporte. Después de casi 15 años de su llegada al país, de haber establecido negocios, de oficiar como presidentes de mesa en unas elecciones y hasta haber votado,ambos quedaron indocumentados y a la deriva. Sin ningún tipo de protección. Sin una patria. Durante diez años, fueron argentinos y de repente dejaron de serlo.
A partir de ahí los dos hombres sufrieron un sinfín de problemas. Desde el trámite más simple hasta enfrentar a la Justicia por su situación de “ilegales”.
“Atacamos por todas la vías judiciales posibles. Una vez anoticiados presentamos recursos dentro del fuero migratorio, recursos de amparo y nos presentamos en Córdoba para que se dejara sin efecto esa anulación. Fue una dura batalla que llevó tiempo”, dijo a Infobae, Deborah Huczek, la abogada de los inmigrantes.
Los inconvenientes judiciales y hasta personales fueron muchos. Según contó la letrada, como eran apátridas “no se les dio su derecho de defensa”. La situación era desesperante. Huczek y su equipo hicieron presentaciones ante el juez Bustos Fierro en Córdoba, pero el magistrado se negó en reiteradas oportunidades a concederles el derecho. Les dijo que él no era el juez de la causa y no quiso tratar el caso. La abogada recurrió a una instancia superior y la Sala A de la Cámara de Apelaciones le ordenó al magistrado que intervenga en el caso porque lo considera “juez natural” del expediente.
Bustos Fierro siguió con la negativa hasta que la abogada de los ciudadanos chinos pidió que se lo investigue por desacato, ya que no quiso cumplir con la orden de la instancia superior. El magistrado recibió por segunda vez el expediente y corrió vista al fiscal, quien no tuvo nada que objetar y ordenó una serie medidas como la declaración de testigos, informe socioambiental, que se acrediten ingresos y se presente un certificado de antecedentes.
Como ambos cumplieron con los requisitos, finalmente la Cámara Federal ordenó a Bustos Fierro a continuar con el trámite de ciudadanía de manera expedita y a que les concedieran la ciudadanía de manera provisoria durante un año. Durante este período, se les restituirá el DNI y pasaporte argentino y deberán presentar nuevamente “dos testigos que declaren acerca de que son personas de bien, deberán acreditar ingresos económicos y se les realizará un informe socioambiental, para establecer en qué condiciones y con quienes viven”, añadió Huczek. Después de esto, serán ciudadanos argentinos permanentemente.
No fue fácil llegar a ese punto y las situaciones que tuvieron que sortear fueron muchas. Por ejemplo, Wei, tras ser notificado de que su carta de ciudadanía había sido anulada, se dirigió a la Dirección de Migraciones y quedó detenido por “uso de documentos falsos”. Estuvo dos días privado de la libertad y tuvo que pagar una fianza de 100.000 pesos. El hombre fue sobreseído rápidamente tras comprobarse que había sido víctima de una estafa.
Como estuvo tras las rejas, Migraciones le impuso pautas de comportamiento prácticamente como si fuera un criminal. Tuvo que comparecer cada 15 días y según contó su abogada, la intención de Migraciones siempre fue deportarlo. El problema es que no sabían a dónde, porque era apátrida. Además tiene toda su familia acá. De hecho, su esposa también es china pero es residente permanente.
Desde el lado emocional, esto también lo perjudicó. Debido a que estuvo sin documentos, no pudo viajar a China para despedir a su papá, de 90 años, que estaba por morir. “En su momento, interpusimos una acción de amparo comunicando la enfermedad del padre y su posterior fallecimiento. Luego, reactivamos la petición por el grave estado de salud de su madre y ganamos el amparo. Migraciones apeló y la Cámara nos volvió a dar la razón”, comentó la abogada. Yu, en cambio, gracias al fallo de la Cámara sí pudo viajar a China para ver a su mamá que se encuentra enferma.
Hoy, junto a su nuevo amigo Wei, porque antes de este episodio no se conocían, celebran que la decisión es definitiva y serán argentinos hasta el último día de sus vidas.
Por qué el trámite lo hicieron en Córdoba
Gracias a un semanario chino, recibieron en 2005 la información de que las cartas de ciudadanía se tramitaban en Córdoba. Confiaron en la información y se trasladaron en compañía de su gestora al juzgado de Bustos Fierro.
Allí, ambos certificaron que cumplía con todos los requisitos de la Ley 346 de ciudadanía (residencia mayor a dos años en el país, no tener antecedentes penales y demás documentos exigidos por la normativa). Los citaron para hacer la jura y frente al juez y su secretario, se convirtieron cada uno a su turno en ciudadanos argentinos.
Wei, por ejemplo, le pagó unos 4.000 o 5.000 pesos a la gestora. “No sabemos si fue derivado algo de ese dinero a esta mujer pero seguramente gratis no lo hizo”, afirmó la abogada. En total unas 535 personas que juraron ante Bustos Fierro y sus cartas fueron anuladas once años después. De esas, 200 son chinos. También hay ciudadanos italianos, peruanos y paraguayos. La empleada finalmente fue condenada y el juez Bustos Fierro -titular del juzgado donde ocurrió la ilegalidad- dijo que fue engañada por la mujer y que “sospechó de ella”.
