La Cámara ordenó revisar la pena porque cree que es cruel e inhumana
Fabricio Alberto Álvarez Albarracín fue condenado en 2011 a 50 años de prisión luego de comprobarse que era un violador serial que actuaba siempre del mismo modo: se movía en una moto, abordaba a las mujeres por la noche, cuando estaban por ingresar a sus domicilios, y las sometía a todo tipo de abusos. Fue hallado culpable de haber atacado por lo menos a ocho mujeres entre agosto de 2008 y el mismo mes del año siguiente, en los barrios de Villa Urquiza, La Paternal y Agronomía, de la Capital Federal.
La condena fue decidida por el Tribunal Oral 16 de Capital Federal (TOC 16), presidido por María Cristina Bertola e integrado por Fernando Larraín y Liliana Barrionuevo. Álvarez Albarracín fue sentenciado por los delitos de “abuso sexual simple y con acceso carnal, exhibiciones obscenas, robo (algunos con el uso de arma), amenazas coactivas y privación ilegal de la libertad”.
Pero lo que fue un castigo ejemplar dada la gravedad de los delitos, se convirtió en un caso envuelto en la polémica y en un nuevo obstáculo para las víctimas. El 26 de mayo de este año, la Sala I de la Cámara de Casación Penal, integrada por los jueces Ana María Figueroa, Luis María Cabral y Juan Carlos Gemignani confirmaron la condena, pero, en una decisión dividida, pidieron que la cantidad de años sea reformulada por considerar que la sentencia fue “cruel e inhumana” y violaba pactos internacionales firmados por la Argentina. Por eso ordenaron que la causa vuelva al tribunal que impuso sentencia para que dicten una nueva pena. Sólo el juez Gemignani sostuvo los 50 años; los otros dos magistrados ordenaron que se fije un nuevo monto de pena.
La decisión generó la inmediata reacción de las víctimas. En ese momento, Deborah Huczek, abogada del Programa de Patrocinio de Querellas Para Víctimas de Delitos Graves (Propaque), y representante de dos de las jóvenes atacadas, dijo que apelarían a la Corte Suprema de Justicia porque creen que la pena es constitucional y legal. A partir de ese momento, comenzó un nuevo calvario para las víctimas y según denunciaron, Casación comenzó a llevar adelante una serie de maniobras de presión para lograr que la pena contra el violador serial sea reducida.
Las presiones de la Cámara de Casación
En diálogo con Infobae, Huczek contó los pormenores de lo que sucedió en los últimos meses en el ámbito de la Justicia para que se tratara el caso. Cuando la causa volvió al TOC 16, -el tribunal que había dictado 50 años de prisión-, los jueces se inhibieron de analizar nuevamente la pena por considerar que Casación, con dicho pedido, había ejercido “violencia moral” contra ellos. “Ahí lo que se hizo fue volver a sortear para que venga otro Tribunal. Cayó en el Tribunal 8 de la Capital, que entendió también que había “violencia moral” y además consideró que como había un recurso federal en trámite y la sentencia de Casación no estaba firme, decidieron no intervenir”, contó la abogada.
Debido a que ya seis jueces habían decidido no resolver la cuestión -contó Huczek- la Cámara de Casación designó en el Tribunal 16 a un juez y por sorteo se eligieron los otros dos. Este nuevo tribunal llamó a una audiencia para hoy -que finalmente fue suspendida por problemas en el traslado del Servicio Penitenciario- en la que analizaría la reducción de la pena. Los abogados de las víctimas, entre quienes figura Huczek, enviaron un recurso extraordinario a Casación, para evitar que le rebajen la cantidad de años. “Casación lo mantuvo cajoneado y no lo elevó a la Corte Suprema”.
De los miembros originales del TOC 16, sólo se mantuvo Bertola, pero como se inhibió de decidir sobre la pena, fue designado en su reemplazo el juez Luis Niño, muy cercano al miembro de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Zaffaroni. “Los otros jueces sorteados, que no está muy claro cómo fueron elegidos, son Gustavo González Ferrari e Inés Cantisani”, señaló Huczek.
“Presentaremos un recurso extraordinario federal ante el Tribunal Oral 16. Fundamentalmente porque esta audiencia no está prevista en el código procesal penal. Entendemos que es ilegal porque lo que corresponde es ir a otra instancia y que los jueces de la Corte Suprema decidan. No está regulada la audiencia”, denunció la abogada. “Vamos a manifestar la ilegalidad de la audiencia porque no hubo acceso a la doble instancia, ya que la pena de 50 años estuvo legalmente impuesta”, agregó.
Resignación de las víctimas pese a que hay argumentos
La abogada adelantó que van intentar todo lo posible para evitar que le reduzcan la pena, aunque no dejó de manifestar sus pocas esperanzas de que el “nuevo” Tribunal le dé la razón. “Lo que hizo el TOC 16 en su momento fue un momento de rebeldía institucional y va a ser muy raro que no le reduzcan la pena. La postura del juez Niño me lo deja ver así. Fue designado por el presidente de la Cámara de Casación Penal y es de la corriente de (Raúl) Zaffaroni, que en caso de penas extensas, muestran posición de disidencia. Creen que son crueles e inhumanas”, manifestó.
La audiencia de hoy, a llevarse en el Tribunal Oral 16, no está legislada en el Código Procesal Penal. Se va a llevar a cabo a los fines de reducir la pena. No se garantiza la imparcialidad”, reiteró. Entre otros de los argumentos esgrimidos por la abogada de Propaque es que ya hay un antecedente en el que la Cámara confirmó una condena de 50 años contra un violador serial.
Según detalló, se trata del caso de Marcelo Angel Fasano, más conocido como “El Sátiro de la Bombacha”. Había sido acusado en 2011 por un tribunal oral porteño de haber abusado sexualmente de 13 mujeres en distintos barrios porteños. El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 de San Isidro lo sentenció a 30 años de cárcel por cinco hechos caratulados “abuso sexual con acceso carnal reiterado y robo agravado por escalamiento”, en viviendas de Olivos, Martínez, San Isidro y San Fernando, en el norte del conurbano bonaerense. El 25 de agosto, es decir tres meses después, el TOC 18 de Capital Federal lo declaró reincidente y lo condenó a 50 años de prisión.
En mayo de este año -el mismo mes que se pidió reducir la pena contra Álvarez Albarracín- la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Hernán Borinsky y nuevamente Juan Carlos Gemignani, rechazaron un planteo de la defensa de Fasano y, de esta manera, confirmaron el fallo del Tribunal.
Huczek planteó también en Casación que se trataba de una cuestión de género, en virtud de que el sujeto seleccionaba a las víctimas por su sexo y la vulnerabilidad que presentaban al momento de los hechos. En virtud de esto debía aplicarse la Convención de Belem Do Para y los jueces debían resolver rigurosamente el caso, cumpliendo la obligación de imponer las sanciones pertinentes, “siendo la condena de 50 años justa y legal porque la establece el Código Penal por tratarse de un concurso de delitos”.
Fuente: Infobae
