Un tribunal oral porteño confirmó la condena a 50 años de prisión a un violador serial que abusó de ocho mujeres en 2009 en la Capital Federal, pese a que la Cámara de Casación Penal había ordenado que se bajara la pena por considerarla cruel e inhumana
El fallo fue dictado contra Fabricio Alvarez Albarracín (35) en “un acto de rebeldía institucional por parte de los tres jueces que componen el Tribunal Oral en lo Criminal 16, desoyendo la orden impuesta de su superior”, valoró una de las abogadas de las víctimas, Débora Huczek.
Los jueces Gustavo González Ferrari, Inés Cantisani y Alejandro Noceti Achaval señalaron en su fallo que el imputado “cosificó a las víctimas en virtud de su sexo, colocándose en una situación de dominio absoluto sobre ellas, las sometió a una violencia extrema y sumamente degradante”, afirmó la letrada.
Por ello, teniendo en cuenta el daño ocasionado a las víctimas, entendieron que la condena impuesta resulta “ajustada a sus actos y a la ley” y “no importa vulneración de los derechos humanos de los detenidos”.
Además, los jueces mantuvieron la declaración de “reincidente” del Alvarez Albarracín porque cuando cometió los hechos estaba en libertad condicional por una condena anterior por robo, de modo que no podrá solicitar la libertad en forma anticipada.
En agosto de 2011, el TOC 16, integrado por María Cristina Bértola, Fernando Larraíy Liliana Barrionuevo, había condenado a Albarracín a 50 años por los ataques sufridos por ocho mujeres que no sólo fueron abusadas sino víde otros delitos como robo con armas, amenazas y privación ilegal de la libertad.
Según se ventiló en el juicio oral, en todos los casos el imputado utilizaba el mismo modus operandi: se movíen una moto que simulaba ser de un repartidor, interceptaba a las mujeres cuando estaban por entrar a sus casas, por la noche, y luego abusaba de ellas.
Los hechos ocurrieron en los barrios porteños de Villa del Parque, Agronomía y Paternal. En mayo, la sala I de Casación, con el voto mayoritario de los jueces Luis Cabral y Ana María Figueroa, confirmó todo lo actuado en el debate, pero hizo lugar a un planteo de la defensa, que consideró “irrazonable” que esté 50 años preso y sostuvo que el Estatuto de Roma prevé para los delitos de lesa humanidad un máximo de 25 años.
Entonces, el máximo tribunal penal dispuso que la causa volviera al TOC 16 para imponer una pena menor, ya que el estar tantos años detenido no se podrá lograr la resocialización, debido a que recuperará la libertad siendo anciano.
“Las condiciones para la consagración de un derecho penal regido por el principio de humanidad de las penas, esto es, la exclusión de penas especialmente crueles y degradantes, se encuentra francamente disminuida bajo estas condiciones”, votó la jueza Figueroa.
Según explicó la abogada Huczek, del Programa de Patrocinio de Querellas (Propaque) del Colegio Público de Abogados porteño, los miembros del TOC 16 se inhibieron de seguir actuando por la “violencia moral” que les generaba la decisión de la sala I. Entonces, fueron designados los nuevos magistrados y se realizó una audiencia en la que la fiscalía y la querella insistieron con la pena de 50 años.
Tras escuchar a las partes, resolvieron dictar la misma sentencia, desoyendo lo dispuesto por Casación. La abogada Huczek elogió la sentencia y recordó que la Argentina “asumió el compromiso de velar con especial ahínco por la protección de los derechos de las víctimas de delitos de género, y en base a ello y a lo establecido en la Convención de Belem do Pará, los Estados tienen el deber de condenar todas las formas de violencia contra la mujer”.
Fuente: www.ambito.com
