No es ninguna novedad que nuestro extenso y rico país necesita de inversiones extranjeras para salir de la angustiante crisis económica. Pero lo cierto es que carecemos históricamente de una política migratoria orientada al capital. Se ofrecen pocos incentivos que permitan obtener inversiones serias y reguladas, lo que termina afectando a la clase trabajadora, ya que no se le permite progresar obteniendo un buen empleo.

La ley de inversiones extranjeras 21.382 es del año 1976. Dicha ley estableció un marco general que permitía al Poder Ejecutivo autorizar la instalación de la empresa extranjera en el país. Luego, a través del decreto se la reglamentó en el año 1993, aunque seguía tan inoperante como siempre.

Se habla de inversión extranjera también en la Ley de Migraciones 25.871, precisamente en su artículo 23 inciso d) el Inversionista debe tener como finalidad realizar una inversión productiva, comercial o de servicios de interés para el país, por un mínimo de pesos de 1.500.000 (a la fecha aproximadamente 37.000 dólares, nada en relación a lo que se exige por ejemplo en los EE.UU.: un mínimo de 500.000 dólares).

La ley requiere que el inversionista o su apoderado presente ante la Dirección Nacional de Migraciones el proyecto de inversión, debiendo acreditar el origen y legalidad de los fondos, y su ingreso al país, por medio de instituciones bancarias o financieras autorizadas por el Banco Central de la República Argentina. Sin embargo, algo que parece tan lógico y sencillo realmente no lo es, ya que cuando uno se acerca a Migraciones a preguntar cómo cumplir con esos requisitos, lo miran como a un bicho raro y responden: “Nunca vimos un caso de inversión, no sabemos como se hace”. La solución es derivar al interesado al Ministerio de Industria (actual Ministerio de Producción de la Nación), donde el panorama tampoco cambia. Es posible que ofrezcan llamar al interesado para agendar una reunión, pero eso tampoco sucede. Ante la insistencia, la respuesta es el maltrato. Al comparar cómo funciona en otros países, ya sea Australia, Canadá, EEUU o cualquier otro que posea un sistema legal serio y atrayente, se observa claramente que nuestro país desperdicia oportunidades.

Se podría, por ejemplo, armar una página web que contenga los requisitos reales y no sólo los de la ley, un formulario para completar y se permita el envío de los documentos que acreditan el origen de los fondos y el proyecto de inversión por internet para su análisis y aprobación.

En Argentina todo sigue manejándose a puertas cerradas: las inversiones sólo son para un grupo pequeño, generalmente amigos del poder de turno. Finalmente todo depende de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo y esto daña la confianza, porque afecta la transparencia. Cualquier persona y/o empresa, dispuesta a crecer y a generar empleo en el país debería tener la posibilidad de cumplir con esa meta, si respeta nuestra ley y garantiza empleo digno.

Entonces se suman otros factores que desalientan la inversión, ya sea por la inflación incontrolable, la presión tributaria, la burocracia exasperante y principalmente la carencia de reglas claras.

Hemos visto miles de declaraciones de funcionarios en donde convocan a las inversiones, pero puertas adentro claramente se las rechaza. Los interesados, provenientes de otros países, no comprenden cómo es que Argentina se empecina en desperdiciar sus potencialidades. Y cansados de tanta odisea diluyen sus deseos con el paso del tiempo e invierten sus recursos en otros países que ofrecen facilidades, reglas claras y estabilidad.

*Abogada especialista en Derecho Penal y Migratorio. Máster en Juicio Oral Civíl y Penal (EE.UU.)